Para algunos fue un episodio de sangre más en un país bañado en sangre. En las primeras horas del 11 de mayo, un grupo de indígenas que viajaba en canoa por un río de la región de la Mosquitía, en Honduras, fue atacado desde un helicóptero. Cuando los disparos cesaron, al menos cuatro personas yacían muertas; dos de ellas, según algunas versiones, mujeres embarazadas. En este país centroamericano, esta clase de violencia es ya algo común. Pero el incidente puso de manifiesto el importante rol que Estados Unidos está jugando en una guerra local.
A bordo del helicóptero había comandos de la DEA (Drug Enforcement Administration). Las autoridades estadounidenses afirman que dichos comandos no dispararon sus armas durante el ataque y que fueron en cambio policías hondureños quienes apretaron los gatillos. Lo que no está en discusión es que hubo fuerzas estadounidenses involucradas en el episodio, y que los helicópteros pertenecían al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En el nombre del combate contra las drogas, Washington ha venido escalando su presencia militar en Honduras, dándole cada vez más armas y dinero al gobierno del presidente Porfirio Lobo. La DEA está usando métodos de contrainsurgencia desarrollados en Iraq, desplegando patrullas de comandos con formación de Fuerzas Especiales, en estrecha colaboración con las fuerzas militares y policiales del país. La embajadora norteamericana, Lisa Kubiske, dijo recientemente: “Ahora que nuestro ejército ha abandonado Iraq, se nos presenta la oportunidad de usar un presupuesto ya asignado que de otra manera se perdería”.
Lo que la historia oficial y la cobertura periodística de los principales medios no dicen es que el aliado de Estados Unidos en este empeño es un régimen surgido ilegítimamente de un golpe militar. El golpe de del 28 de Junio de 2009, encabezado por Roberto Micheletti, derrocó a un presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya. Inicialmente criticado por el presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton, el levantamiento fue luego legitimado por éstos. Las elecciones realizadas después del golpe y que llevaron al poder a Lobo fueron boicoteadas por casi todos los candidatos de la oposición, observadores internacionales y jefes de Estado de la región, pero Washington las celebró como un retorno de la democracia y una manera de alcanzar la reconciliación nacional. El Departamento de Estado y Clinton continúan repitiendo estas ficciones, al igual que lo hizo el presidente Obama al recibir a Lobo en la Casa Blanca en octubre.
Mientras tanto, funcionarios norteamericanos sostienen que la raíz de los actuales problemas de Honduras es el narcotráfico. “Es tentador echarle la culpa de todos los males que aquejan a este país a un grupo de generales de anteojos oscuros o a elecciones fraudulentas”, escribió el ex embajador estadounidense James Creagan en una carta dirigida al New York Times. “Pero eso no es cierto. Estos no son los años setenta u ochenta, con golpes de Estado, contras y revolucionarios pululando por América Central”. La violencia actual, afirmó Creagan, es causada por el tráfico de drogas, las gangas y una corrupción alimentada por el mercado de productos de la hoja de coca.
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Pero sólo en el contexto del golpe podemos comprender las verdaderas causas de la actual crisis. Antes del golpe ya se había instalado en el país una nociva cultura de la droga, con expansión de gangas y funcionarios corruptos; pero fue la criminalidad rampante del nuevo régimen lo que abrió la puerta a un florecimiento sin precedentes del negocio. El tráfico de drogas, según fuentes fidedignas, está hoy enquistado en todo el aparato del Estado, desde el policía de la esquina a los más altos niveles del gobierno. No sólo los críticos del régimen sino funcionarios como el ministro de defensa Marlon Pascua hablan de “narco-jueces” que bloquean investigaciones a los “narco-legisladores” que manejan los carteles. Alfredo Landaverde, un ex congresista y comisionado de policía que había investigado el tema declaró el año pasado que uno de cada diez miembros del congreso es un narcotraficante y que tenía evidencias que involucraban a prominentes figuras políticas. Landeverde fue asesinado el 7 de diciembre de 2011.
Mucho más que las bandas callejeras criminales y los traficantes individuales, ha sido el mismísimo Estado hondureño el que ha transformado al país, en palabras de Associated Press, en “uno de los lugares más peligrosos del mundo”.
Washington dice que está ayudando a sanear la policía hondureña mediante la provisión de fondos adicionales para “entrenamiento”. Pero como el ex presidente Zelaya me dijo en una charla mantenida el 1de mayo, la policía es el problema, no la solución. “Darle plata a ellos es lo mismo que dársela a los narcos”, dice Zelaya.
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Cuando Lobo asumió el gobierno, en enero de 2010, designó a los militares que habían dado el golpe (con anteojos oscuros y todo) en puestos de primer nivel. El líder del levantamiento, general Romeo Vásquez Velásquez, fue nombrado al frente de Hondutel, la compañía estatal de teléfonos, y Manuel Enrique Cáceres, un ministro del gabinete de Micheletti, director de la autoridad aeronáutica.
El golpe, a su vez, desató una ola de violencia por parte de las fuerzas de seguridad que no se ha detenido. El pasado 22 de octubre, la policía de Tegucigalpa mató al hijo de Julieta Castellanos, rectora de la mayor universidad del país y miembro de la Comisión de la Verdad designada por el gobierno, junto a un amigo de aquel. Altos funcionarios admitieron que los responsables de las muertes fueron policías, pero permitieron que los sospechosos desaparecieran antes de ser aprehendidos. Este hecho provocó una enorme crisis de legitimidad, y figuras públicas prominentes, como Landaverde, salieron a la palestra a denunciar la sistemática corrupción policial. Según estos críticos, el departamento de policía está infectado por escuadrones de la muerte en la paga de los carteles.
“Da más miedo cruzarse con cinco policías por la calle que con cinco miembros de una ganga”, declaró en noviembre la ex comisionada de policía María Luisa Borjas. Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), desde el golpe se han presentado más de 10,000 denuncias oficiales contra abusos policiales y militares, pero ninguna de esas denuncias fue tomada en serio por las autoridades. Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso, señaló que el 40 por ciento de la policía hondureña está relacionada con el crimen organizado. La mera perversidad de esa fuerza quedó en evidencia el Día de san Valentín, cuando el peor incendio carcelario en la historia de Honduras clamó la vida de 361 internos de la prisión de Comayagua. La furia del incendio se debió en parte a que los guardias, oficiales de policía común, impidieron el ingreso de los bomberos durante media hora.
La administración Lobo y el congreso han prometido reformas, pero éstas no han llegado. Una comisión investigadora de alto nivel fue puesta en funciones y desactivada, y la que debería haberla reemplazado está aun en veremos. Entre las figuras claves de la supuesta “limpieza” se encuentran Eduardo Villanueva, uno de los principales ministros del golpista Micheletti, y Héctor Iván Mejía, actual vocero policial, que el 15 de septiembre de 2010, siendo jefe de policía en San Pedro Sula, ordenó dispersar con gases lacrimógenos una manifestación de la oposición, de la que participaba también una banda músical de escolares.
Respondiendo a los reclamos de grupos de derechos humanos, el 24 de abril Lobo designó al general Aquiles Blu Rodríguez al frente de una nueva comisión investigadora. Este general está acusado de obstrucción de justicia y vínculos con el narcotráfico en Chile. El 1 de mayo, el gobierno admitió que hasta la fecha sólo se habían investigado 18 denuncias contra policías.
Incapaz de purgarse a sí mismo, el gobierno ha respondido a la crisis de seguridad con una represión creciente. Cofadeh y el Centro para la Justicia y la Ley Internacional han llamado la atención sobre recientes medidas que supuestamente apuntan a combatir la criminalidad, pero que en realidad restringen los derechos humanos de la población, como una ley que liberaliza las restricciones a escuchas telefónicas y otra que permite al gobierno inspeccionar las cuentas bancarias de organizaciones no gubernamentales (el congreso hondureño tiene también en estudio la legislación contraconceptiva más represiva del mundo, que criminalizaría la entrega de la píldora del día siguiente, aún a víctimas de violación) . El 20 de marzo, una medida “de emergencia” extendió por tres meses la autorización para que el ejército se haga cargo de funciones policiales comunes, como el patrullaje de las calles. Lobo ha dicho que pretende que esta autorización se haga permanente, lo que constituiría una violación flagrante de la constitución, que separa las funciones de las fuerzas armadas y la policía.
El ejército hondureño es también corrupto. El 1 de noviembre de 2010, un aeroplano empleado en la lucha contra el narcotráfico fue “robado” de una base militar en San Pedro Tula. De acuerdo con el diario de derecha La Tribuna, al menos 19 miembros del ejército, incluyendo oficiales superiores y medios, fueron cómplices de la operación. En agosto de 2011, 300 rifles automáticos y 300,000 municiones desaparecieron de un almacén de la unidad de elite Cobras. A pesar de estos antecedentes, un nuevo decreto permite al ejército entablar contrataciones directas con proveedores, lo cual da luz verde a una mayor corrupción.
Lo más peligroso de todo es que desde que se produjo el golpe el gobierno ha atacado sistemáticamente a la oposición. La Comisión Interamericana de Derechos humanos reportó “serios incidentes de violencia y represión” contra manifestantes. Según Reporteros sin Fronteras, por lo menos 22 periodistas y trabajadores de prensa –en su mayoría críticos del gobierno- han sido asesinados en los últimos tres años. El 16 de mayo, una semana después de haber sido secuestrado, el cuerpo del conocido reportero de radio Alfredo Villatoro apareció sin vida; estaba vestido con uniforme policial. El 7 de mayo, el popular periodista, militante de derechos LGBT y candidato a diputado por el opositor partido LIBRE, Erick Martínez, apareció estrangulado al costado de un camino. La AFL-CIO ha también denunciado “numerosos asesinatos, ataques y amenazas contra dirigentes sindicales a causa de su labor gremial o política” desde 2009.
Aquellos que se atreven a documentar estos abusos ponen en riesgo su vida. Las Naciones Unidas reportaron en febrero que los “defensores de derechos humanos continúan sufriendo ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas, torturas, maltratos, amenazas de muerte, ataques, hostigamiento y estigmatización”. El 22 de febrero, por ejemplo, un grupo paramilitar denominado CAM, ligado a los escuadrones de la muerte de la década del 80, envió a la co-fundadora y secretaria de prensa de Cofadeh, Dina Meza, el siguiente mensaje de texto: “Vamos a quemar tu colita con cal viva hasta que grites y después cada uno de nosotros se va a sacar el gusto contigo”. En abril, el mismo grupo comenzó a enviar amenazas de muerte a otras dos mujeres, una británica y otra francesa, que sirven como acompañantes a hondureñas amenazadas. Las promesas de protección del gobierno son raramente cumplidas, y cuando lo son, están en manos de la misma policía de la cual las potenciales víctimas necesitan ser protegidas.
Los activistas campesinos han pagado el mayor precio. En el valle de Aguán, al menos 46 campesinos que luchaban por sus derechos sobre la tierra han sido asesinados desde el golpe. La mayoría de los crímenes fueron cometidos por una combinación de fuerzas militares, policiales y del ejército privado de Miguel Facussé, el hacendado más rico y poderoso del país, y un sostén clave del golpe. Los perpetradores gozan de casi absoluta impunidad. El 24 de junio de 2011, por ejemplo, setenta y cinco policías arrasaron la comunidad campesina de Rigores, quemando más de 100 casas y demoliendo tres iglesias y una escuela; hasta ahora, nadie ha sido formalmente acusado por estos hechos. Por lo menos diez guardias de seguridad han también muerto en este conflicto. En un email de respuesta al cuestionario enviado para esta nota, Facussé admitió que cuatro campesinos fueron asesinados en un incidente que describió como una batalla con sus fuerzas de seguridad.
Cada 74 minutos, un hombre, una mujer o un niño son asesinados en Honduras. Según la Organización de Naciones Unidas, el país tuvo en 2011 la tasa de homicidios más alta del mundo. Estos incluyen las muertes a machetazos o a tiros en casos de violencia doméstica o de peleas en un bar; sencillamente, mucha gente da rienda suelta a sus impulsos criminales porque, dado el desquicio del sistema judicial, no cree que recibirá castigo alguno. La ONU definió la situación en Honduras como de absoluta impunidad. Según Human Rights Watch, mujeres y miembros de la comunidad LGBT son especialmente señalados como blancos para el asesinato por criminales comunes y policías. En esta situación de todo vale, las gangas llegan a controlar barrios enteros de la capital, cobrando impuestos a los negocios y al paso de vehículos.
¿Cómo influye en todo esto el golpe militar? Súmese la corrupción rampante del Estado hondureño, el crimen que desata y cobija, su represión brutal de opositores, y se verá que es imposible culpar exclusivamente al narcotráfico y a las gangas por la situación. El crimen organizado y el tráfico de drogas está íntegramente ligado al régimen criminal de Porfirio Lobo y de los oligarcas hondureños.
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Finalmente, la alianza entre Estados Unidos y un régimen tan brutal y antidemocrático como el hondureño está siendo cuestionada en Washington. Howard Berman, el demócrata de mayor jerarquía en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, envió en noviembre una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton. En ella preguntaba si Estados Unidos está armando a un régimen peligroso en Centroamérica. Noventa y cuatro miembros de la Cámara, incluyendo muchos líderes demócratas, firmaron el 9 de marzo una carta patrocinada por el representante Jan Schakowsky en la cual se pide –especialmente en vistas a la situación existente en el valle de Aguán– la suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras. El 5 de marzo, siete senadores habían firmado una carta presentada por Barbara Mikulski, en la cual se expresa preocupación por el creciente número de violaciones a los derechos humanos en ese país.
No es que el Congreso se haya levantado de pronto con un arranque de valor. Activistas de la Red Solidaria de Honduras y sus aliados han venido machacando durante 3 años sobre estos temas, consiguiendo apoyo a nivel de las bases y presionando para ser escuchado en Washington y en Honduras. (Aclaración: la autora de esta nota es miembro de dicha Red). El Departamento de Estado ha reconocido que existen “issues” de derechos humanos en Honduras y que el aparato de seguridad del estado se encuentra en crisis, pero aún no ha denunciado a la administración Lobo por represión y corrupción. La embajada norteamericana en Tegucigalpa ha respondido a los reclamos efectuados por militantes de derechos humanos para que se investigue al CAM por las actividades de los escuadrones de la muerte diciendo que “desafortunadamente, la capacidad de las autoridades hondureñas para hacer valer la ley es limitada” y que el gobierno de Estados Unidos está ayudando a su par centroamericano “a mejorar esa capacidad”.
Como justificación a su apoyo al gobierno hondureño, los funcionarios norteamericanos sostienen que éste necesita que el de Estados Unidos lo ayude a arreglar sus problemas. Dada la manifiesta falta de voluntad de cambio demostrada por Lobo y su gobierno, dicha justificación es, como mínimo, ingenua. El vicepresidente Joe Biden afirmó durante su reciente visita a Honduras que “Estados Unidos está absolutamente comprometido a seguir trabajando con este país para ganar la batalla contra el narcotráfico”. Invocando la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica, Biden prometió aumentar los fondos para ayuda militar y policial en la friolera de $ 107 millones.
La visita de Biden se produjo en medio de una andanada de críticas contra la política anti-drogas de Estados Unidos. Los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Otto Pérez Molina de Guatemala se pronunciaron públicamente a favor de la despenalización del consumo de drogas, denunciando el fracaso de las políticas militares impulsadas por Washington.
¿Cuáles son las causas de la política agresiva de la administración Obama? Estados Unidos considera desde hace mucho tiempo que Honduras , su estado cliente más cautivo en América latina, tiene una gran importancia estratégica regional. Al igual que en la década de 1980, cuando servía como base de operaciones para la guerra contra Nicaragua, este país es un centro ideal para operaciones militares en Centroamérica. El año pasado recibió más de $50 millones en contratos del Pentágono, incluyendo $24 millones para transformar las barracas de la base aérea de Soto Cano, levantadas en 1954, en instalaciones permanentes. El valor estratégico de esta unidad reside en que es la única base aérea entre Estados Unidos y América latina. En 2011, el 62 por ciento de los fondos destinados por el Departamento de Defensa a América Central fueron también a parar a Honduras.
Los intereses de empresas norteamericanas son también enormes. Estos abarcan inversiones mineras e hidroeléctricas, las operaciones bananeras de Dole y Chiquita (que emplean 11,000 personas y están en expansión) y plantas manufactureras de ropa, autopartes y otros elementos, que dan empleo a más de 110,000 personas, incluyendo los 3,000 trabajadores de la fábrica de sistemas de distribución eléctrica de Lear Corporation en San Pedro Sula.
De hecho, el golpe militar hizo posible lo que los hondureños llaman “el segundo golpe”, una agenda económica de inversiones transnacional operada por las elites del país, que hoy tienen las manos libres para hacer lo que quieran. Al tope de sus prioridades se encuentra la privatización de funciones estatales básicas. En el congreso hay proyectos de ley para privatizar los sistemas de electricidad, aguas corrientes y puertos. En abierto ataque a los poderosos sindicatos de maestros, el congreso aprobó en marzo del año pasado una ley que abre la puerta a la privatización de todas las escuelas del país.
Esta agenda incluye el asalto de los derechos laborales. En noviembre de 2010 entró en vigencia una ley que alienta a los empleadores a transformar empleos permanentes en temporarios; bajo estas condiciones laborales, los trabajadores perderían su derecho al seguro de salud y a organizarse en sindicatos. Una queja presentada en el marco del Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA) por AFL-CIO ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en marzo, describe una serie de violaciones sistemáticas de los derechos laborales más elementales desde el derrocamiento de Zelaya. Estas violaciones incluyen el despido de cientos de trabajadores por tratar de organizar sindicatos, la falta de pago de salarios mínimos y aún de salarios, punto. Los trabajadores hondureños, concluye el documento, han padecido una reducción de sus derechos laborales, que son ignorados y violados con total impunidad.
Otro ejemplo aún más extremo de abuso es la ley de “ciudades modelo”, aprobada en julio del año pasado. Esta norma permite la creación dezonas económicas autónomas en las cuales la constitución y las leyes hondureñas no tendrían efecto, al igual que las más elementales reglas de control gubernamental. En dichas zonas, los inversores transnacionales operarían de hecho como estados indendientes.
La política hacia América latina de Departamento de Estado está conducida aún hoy por expertos de la época de George Bush, que trabajan en estrecha colaboración con la derecha cubano-americana. Los líderes de ésta, a su vez, han celebrado el golpe en Honduras como un exitoso retroceso de los gobiernos democráticos de izquierda y centro-izquierda que han llegado al poder en toda América latina durante los últimos quince años. Haciéndose eco de estos razonamientos, el candidato republicano Mitt Romney criticó en diciembre a Obama por su supuesto apoyo a Zelaya durante el golpe. “Mientras Honduras quería echar a su presidente pro-marxista, nuestro presidente lo apoyaba”, dijo Romney.
La responsabilidad final, sin embargo, corresponde al presidente Obama y a la secretaria Clinton, que están usando a Honduras para reafirmar el poder de Estados Unidos en el hemisferio.
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Viviendo bajo el fusil norteamericano, los hondureños han denunciado una creciente militarización de su país. En un durísimo artículo titulado “Obediencia”, Cofadeh respondió a la visita de Biden declarando: “La guerra contra las drogas es sólo un pretexto para extender la ocupación militar estadounidense del país y para bloquear la ola de cambio político impulsado por la resistencia nacional”.
Después de soportar tres años de represión, los militantes de esa ola de resistencia tienen algunos signos de cansancio. Sin embargo, la gente sigue protestando en las calles, lo cual requiere mucho coraje, dado que las marchas son a menudo reprimidas con gases y palos. Sólo en la última semana de marzo, conductores de buses y taxis, lesbianas y gays, trabajadores de plantas de energía, y maestros y estudiantes se manifestaron en la vía pública. Un poco antes, otro grupo había ocupado las famosas ruinas mayas en Copán para protestar contra una ley que da a los municipios el control sobre sitios históricos.
Luego del golpe, todos estos elementos convergieron en la formación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). El Frente aún subsiste, aunque la excitación de los dos primeros años ha perdido algo de su brillo. Sus integrantes incluyen al movimiento indígena; los pueblos afro-indígenas garífuna; el movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero; feministas; abogados y jueces, y una miríada de otros grupos de resistencia, apoyados por una cultura de medios alternativos. Zelaya fue autorizado a retornar al país en mayo de 2011; su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, es la presunta candidata presidencial de LIBRE, el nuevo partido fundado por el FNRP. El 1 de mayo, cientos de miles de personas salieron a las calles para manifestarse en marchas organizadas por LIBRE y las tres principales federaciones laborales.
La resistencia, además, florece en la cultura popular. Para dar un delicioso ejemplo: en la víspera de año nuevo, los hondureños arman unos figurines que representan todas las cosas malas que les pasaron durante el año que termina, y luego lo queman de manera ritual. El primer año después del golpe, los figurines del dictador Micehletti podían verse por todas partes; al año siguiente, el más representado fue Lobo. Este año, los manifestantes construyeron maquetas de tamaño natural de autos de policía, que llenaron con maniquíes que representaban al asesinado hijo de la rectora y su amigo. Otras maquetas mostraban tanques tripulados por Lobo y el administrador de la corrupta empresa nacional de energía eléctrica. Los diarios hondureños llevaron esas imágenes a todos los rincones del país.
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Para el pueblo hondureño y sus aliados en Estados Unidos y el resto del mundo, el camino por recorrer es muy difícil. No hay soluciones fáciles. Los defensores de los derechos humanos, desde Cofadeh a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reclamado al gobierno que tome medidas para garantizar los derechos más básicos. También reclaman el fin de la represión política, los gases lacrimógenos, las escuchas telefónicas, el acoso y las ejecuciones clandestinas, así como el cumplimiento de la ley y los derechos laborales, el saneamiento de las cárceles, la eliminación de elementos criminales de la Justicia, la policía y el ejército, y la puesta en marcha de una verdadera reforma agraria.
¿Cómo se harán estos cambios, si el presidente Lobo y el congreso, íntimamente ligados al tráfico e drogas y el crimen organizado –y parapetados detrás del apoyo de Estados Unidos– carecen de la voluntad política de implementarlos? Miembros de la oposición señalan que la única manera es reconstruir al Estado hondureño desde abajo, mediante una convención constitucional similar a las que han tenido lugar en otros países de América latina en años recientes.
En el interín, Cofadeh y otras voces prominentes de la sociedad civil hondureña están pidiendo a gritos que Estados Unidos y otros países suspendan su ayuda a las fuerzas armadas y policiales. “Dejen de alimentar a la bestia”, clamó la rectora Julieta Castellanos en noviembre.
De hecho, hemos vuelto a los años ochenta, cuando el presidente Ronald Reagan apoyaba a gobiernos de derecha contra los movimientos democráticos de América latina. Las consecuencia del derrocamiento de Zelaya han sido ominosas: como dijera Tirza Flores Lanza, una ex jueza de apelaciones de San Pedro Sula despedida junto con otros jueces por su oposición al golpe: “El golpe de Estado destruyó la incipiente democracia que estábamos levantando con gran esfuerzo en Honduras, y revivió el fantasma de las dictaduras militares en toda América latina”.
Traducción al español por Claudio Iván Remeseira.
