La ley del estado de Florida que podría permitir a George Zimmerman eludir su responsabilidad, debe ser reexaminada.
The EditorsNo debe haber una sola persona en Estados Unidos que no sepa quien fue Trayvon Martin. La muerte de este adolescente a manos de George Zimmerman, el auto-denominado vigilante barrial que le disparó a quemarropa y luego se fue tranquilamente a su casa, provocó incluso la reacción del presidente. “Cuando pienso en este muchacho, pienso en mis propias hijas”, dijo Barack Obama durante una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca. “Si tuviera un hijo varón, se parecería a Trayvon.”
Lo único verdaderamente sorprendente de esta declaración es el status político de quien la hizo; otros millones de padres negros en todo el país sintieron exactamente lo mismo. Para ellos, la muerte de Tryvon fue el amargo recordatorio de una triste realidad: de Oakland al Bronx, sus hijos son blancos móviles. Pero a diferencia de las muertes de Oscar Grant o Ramarley Graham, que fueron abatidos por la policía, a nadie se le ocurriría decir que Martin “se la andaba buscando”. Zimmerman, a quien en la grabación del 911 se puede oír murmurar lo que parece ser un insulto racista, es además un marcador serial de dicho número, con una curiosa inclinación para denunciar hombres negros “sospechosos”. El año pasado llegó a reportar a un niño que, según él, debía tener entre 7 y 9 años de edad. Por eso, cuando el 19 de marzo pasado el Departamento de Justicia anunció que investigaría la muerte de Martin, muchos pidieron al Fiscal General Eric Holder que caratulara el caso como crimen de odio.
Un mes después de la muerte de Martin, el tema tomó un giro aún más desagradable. El Orlando Sentinel publicó partes policiales que describen al adolescente como el verdadero agresor, agregando que éste había sido suspendido una vez de la escuela “por haber llevado una bolsa vacía de marihuana”. En otra oportunidad, según los periodistas, el chico habría pintado con aerosol un locker; aquellos se dedicaron entonces a revisar las cuentas de Facebook y Twitter de Trayvon en busca de otros signos de mala conducta. “Mataron a mi hijo y ahora quieren matar su reputación”, dijo su madre, Sybrina Fulton, en una emotiva conferencia de prensa.
Lo que sí habría que investigar es la norma que podría permitir que Zimmerman eluda la Justicia. La llamada “ley de defensa propia” (Stand Your Ground) del estado de Florida, sancionada en 2005, extendió las circunstancias en las cuales se justifica el uso de fuerza letal hasta abarcar prácticamente toda situación en la que alguien se siente amenazado. Si una persona mata a otra en esas circunstancias, está eximida de responsabilidad penal; según la ley, sólo podrá ser arrestada si la policía determina que existe una causa probable para que el uso de la fuerza sea considerado ilegal. Esta es la cláusula que el departamento de policía de Sanford invocó para fundamentar su negativa a detener a Zimmeran.
La ley de defensa propia de Florida es la más famosa, pero no es la única: durante la última década, más de 20 estados han aprobado leyes semejantes. Detrás de esta marea normativa está la mano del Consejo Norteamericano de Intercambio Legislativo (ALEC, por sus iniciales en inglés), una organización de derecha ligada al NRA (National Rifle Association) que ha venido promoviendo este tipo de legislación durante años. Conocidas como “leyes castillo” (por aquello de que “la cada de un hombre es su castillo”), dichas leyes han permitido considerar como justificables muchos simples homicidios. Antes de Trayvon Martin fueron Diego Ortiz y Miguel de Jesus, dos hombres negros asesinados por la espalda por el texano Joe Horn, quien, ignorando los pedidos del despachante del 911, los mató para impedir que robaran la casa de un vecino. Horn argumentó, con éxito, que había actuado en defensa propia.
El 21 de marzo, mientras cientos de personas protestaban en Nueva York por la muerte de Martin, un fiscal de distrito de Wisconsin anunciaba que no presentaría cargos por la muerte del joven Bo Morrison. Cuando una redada policial cayó en una fiesta en la que él y otros menores de edad estaban tomando alcohol, Morrison se escondió en el porche de una casa lindera; el dueño de esa casa, después de confrontarlo, lo mató de un tiro. La “ley Castillo” de Wisconsin protegió a este hombre. “Fue una noche de decisiones erróneas”, dijo la policía.
¿Y si la decisión errónea de Trayvon Martin fue la de salir a la calle a comprar Skittles y té helado? Cualquiera que haya sido el grado de criminalidad que pueda atribuirse a las acciones de Ortiz, de de Jesus o de Morrison, está claro que el único crimen cometido por Martin fue, como señala Melissa Harris-Perry en su nota de esta semana, el de “ser negro en público”. El racismo consciente o inconsciente que es la verdadera raíz del temor y la desconfianza, debería ser razón suficiente como para no alentar a la gente a responder a balazos cada vez que se sienta amenazada. En tanto y en cuanto supongamos que los hombres negros van siempre armados y son peligrosos, las leyes de defensa propia sólo producirán más Trayvon Martins.
Traducción al español de Claudio Iván Remeseira.
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