En septiembre de 2006, pocos días después que Felipe Calderón fuera declarado presidente de México luego de una elección sospechada de fraude y corrupción, la embajada de Estados Unidos envió a Washington un informe secreto titulado “Fortaleciendo a un débil Calderón”. El nuevo presidente del país vecino, decía el informe, no podrá disfrutar de una “luna de miel” con la sociedad. Por lo tanto, “debemos elaborar junto con su equipo un agresivo plan de transición”. A menos que este plan fuera efectivo y que Estados Unidos manifestara su decidido apoyo a Calderón, afirmaban los diplomáticos, se corría el riesgo de un “estancamiento de las cuestiones de más alto perfil” de la agenda norteamericana en México.

Calderón, que abandona ahora el poder luego de otras cuestionadas elecciones, pasará a la historia, en parte gracias a las revelaciones de WikiLeaks y de su “colaboración sin precedentes” con Washington, como uno de sus más impopulares y desacreditados presidentes mexicanos. Pero, como sabemos gracias a los documentos publicados en mi periódico, La Jornada, el fracaso de Calderón y de su agenda –en particular su prioridad de ganar la guerra contra los carteles de la droga y proteger a los ciudadanos mexicanos de la intolerable y aberrante narco-violencia que ha cobrado hasta ahora miles de vidas—es un fracaso compartido con Estados Unidos.

Los cables sacudieron a México como un tornado, arrancando las cortinas de la diplomacia para desnudar a los ojos de todo el mundo lo que supuestamente no debía ser visto. Fueron unos 3,000 cables, algunos secretos, unos pocos ultra-secretos, la mayoría simplemente indiscretos, chocantes o ramplones. A través de ellos, los lectores aprendieron los detalles ocultos de nuestras relaciones políticas, militares y económicas con Estados Unidos; se enteraron de las críticas de los diplomáticos norteamericanos a los orgullosos generales mexicanos, que jamás se someten al escrutinio público; o supieron del inclemente juicio de Washington para con su aliado Calderón, a quien los cables califican como débil, condescendiente y carente de legitimidad.  

Más allá de lo poco diplomático de estas opiniones, WikiLeaks reveló hasta qué punto Estados Unidos ejerce su poder e influencia en el más alto nivel del gobierno mexicano. En algunos casos parece que una parte importante de las decisiones, especialmente en materia de seguridad interior, no se tomaban en México, D.F. sino en Washington, D.C. Los cables confirman un viejo dicho nacional: “Pobre México, tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos”.

Al comienzo, WikiLeaks diseminó los cables diplomáticos estadounidenses en el mundo de habla española a través del diario español El País, uno de los cuatro medios europeos originalmente seleccionados por Julian Assange para dar a conocer las primeras filtraciones el 29 de noviembre de 2010. A partir de diciembre de ese año, los cables fueron compartidos con periodistas de todo el mundo. La Jornada fue el primer medio de América latina que los publicó.

Un popular columnista del diario, Pedro Miguel Arce, recibió los primeros cables. El procedimiento fue el mismo que en otros casos: un email inesperado, un rápido viaje a Gran Bretaña, un contacto misterioso, finalmente la  reunión con Assange y su equipo. Estos propusieron a Arce un acuerdo para difundir la vasta información relacionada con México que existía dentro de los 250,000 cables del Departamento de Estado de Estados Unidos obtenidos por WikiLeaks.

Rápidamente, La Jornada decidió cómo se organizaría para trabajar: pondría dos reporteros, dos editores, litros de café y una pila de diccionarios Inglés-Castellano. Pasamos casi un mes revisando los documentos y preparando nuestros reportajes. El 10 de febrero de 2011, el diario anunció que comenzaría a publicar una serie de artículos de investigación y análisis sobre las casi 8,000 páginas de cables enviados entre la embajada norteamericana en Ciudad de México y el Departamento de Estado en Washington.

A medida que La Jornada publicara determinadas revelaciones, WikiLeaks subiría los cables correspondientes a su sitio online. Esto constituyó un poderoso escudo para el diario: dado que las notas desataban un escándalo tras otro—revelaciones de corrupción, engaños y otros desaguisados de funcionarios y personajes públicos—las reacciones de furia y los intentos por desmentir las historias no se hicieron esperar. Pero ahí estaban los documentos para probar lo que decíamos. La información, después de todo, no provenía de fuentes anónimas, sino de la embajada de Estados Unidos.

En el caso de México, los cables abarcaban dos décadas, desde fines de los 80 a la primavera de 2010, pero la mayor parte correspondía a los últimos dos años. Estos documentos abrían una ventana al cerrado mundo de las relaciones diplomáticas entre Calderón y Barack Obama, precisamente en un momento en que la seguridad del país estaba siendo dramáticamente puesta en jaque por la escalada de violencia de la guerra contra las drogas. Hacia junio de 2011, La Jornada había ya publicado más de 100 reportajes y artículos de investigación basados en esos cables, entre ellos los siguientes: “Hillary Clinton ordena evaluar los efectos del stress sobre la capacidad de Calderón para manejar el país” (Febrero 21, 2011); “EE.UU insistió en retirar a los militares de la lucha contra las drogas; los cables revelan que la embajada presionó para que la Policía Federal fuera puesta al frente de la acción” (Marzo 15, 2011); “‘El ejército está cómodo dejando que los carteles se peleen entre sí’: Cónsul McGrath en Ciudad Juárez” (Marzo 16, 2011); “El escándalo de Rápido y Furioso: Washington echa la culpa a México” (Marzo 28, 2011); “Peña Nieto ‘difícilmente parece cortado por una nueva tijera; no se distingue del viejo PRI’” (Mayo 23, 2011); y “México ofreció a EE.UU libre acceso a su servicio de inteligencia” (Mayo 25, 2011).

En la primavera de 2011, cuando nuestro equipo estaba bien internado en las profundidades de la información, colegas, amigos y críticos se preguntaban si WikiLeaks estaba revelando algo que los mexicanos no supieran ya. Después de todo, el intervencionismo y las presiones de Estados Unidos en nuestros asuntos internos son una constante histórica, parte de nuestra cultura política.

Sin duda alguna, las miles de páginas de WikiLeaks contenían toneladas de chismes, detalles triviales y meras insinuaciones. Pero había algo más, como la evaluación que los analistas políticos de la embajada (los “poloffs”) hacían del entonces gobernador del Estado de México y actual presidente electo Enrique Peña Nieto. Estos analistas veían a Peña Nieto como un protegido del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari. Uno de los cables, titulado “Una mirada al Estado de México, estilo Villa Potemkin”, dice: “El PRI (Partido Revolucionario Institucional) presenta a Peña Nieto como la encarnación de un partido más joven, más fresco y moderno, adaptado a las nuevas realidades políticas de un México democrático. Sin embargo, el gobernador no parece estar cortado por una nueva tijera.” De hecho, la embajada lo acusaba de proteger a un ex gobernador que enfrentaba cargos por corrupción. “Surgido del viejo molde político del PRI del Estado de México”, concluía el cable, “Peña Nieto no es conocido por su apego a la transparencia cuando se trata de defender a amigos y aliados.”

Los cables revelaron también que a pesar de la campaña de odio desatada por la derecha Mexicana contra el candidato progresista Andrés Manuel López Obrador –quien fuera robado de la presidencia por Calderón en 2006 y que ahora está cuestionando su derrota del Primero de Julio ante Peña Nieto—la embajada no consideraba su potencial triunfo como un desastre. “Apoclypse Not”, ironizaba el título de un cable. Otro, enviado antes del 2 de Julio de 2006 por el entonces embajador Anthony Garza, recomendaba que los Estados Unidos abrazara al ganador “temprano y a menudo … sobre todo si el ganador resulta ser López Obrador”. Los cables arrojan también considerable luz sobre las deliberaciones internas del gobierno mexicano, particularmente en relación con la guerra contra las drogas. En un despacho a Washington del 28 de octubre de 2009 clasificado como “Secreto”, el encargado de negocios John Feeley señalaba que el secretario de Defensa de México había “planteado recientemente la posibilidad de que se declarara un estado de excepción en ciertas áreas del país para dotar de mayor fundamento legal a una futura intervención de las fuerzas armadas en la lucha anti-narcóticos”.

La embajada se oponía a esa propuesta. “Nuestro análisis sugiere que los beneficios de invocar un estado de excepción son, en el mejor de los casos, inciertos, mientras que los costos políticos de esta medida son altos.” Resultó ser que Calderón militarizó la lucha contra los carteles, pero jamás decretó un estado de excepción

Sin duda alguna, el nivel de influencia e involucramiento de Estados Unidos en la lucha anti-narcóticos y en las políticas de seguridad interna de México fue la revelación más importante de los cables. Otro informe enviado por Feeley a comienzos de 2010 revela que el gobierno de Calderón había formado un comité especial con representantes ministeriales, que se reunían al menos cada dos semanas con funcionarios estadounidenses. “Tenemos grupos de trabajo sobre cada uno de nuestros objetivos estratégicos”, dice el cable. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el gobierno mexicano también instituyeron un “Grupo de Coordinación de Políticas” que tenía la finalidad de implementar operaciones anti-narcóticos y de seguridad. Funcionarios estadounidenses se refieren a la “cooperación sin precedentes” entre funcionarios de ambos países. Los cables también revelan el costo de esa colaboración.

Otro cable revela el costo humano de estas operaciones. Entre 2007 y 2009, al menos 120 mexicanos que se desempeñaban como informantes o agentes encubiertos de la DEA y del FBI fueron asesinados en México. Entre los muertos se cuentan diez contactos de la DEA, cincuenta y un contactos del FBI y sesenta oficiales de policía entrenados en Estados Unidos y que reportaban a funcionarios de ese país.

Estas revelaciones se volverían en contra de Calderón y Obama. Como señalé en mi artículo del 4 de marzo de 2011, los “cables contaminados” envenenaron el aire de las relaciones bilaterales. En sus mensajes secretos a Washington, el embajador Garza expresaba su falta de confianza en la capacidad del presidente mexicano para derrotar a los carteles. Su sucesor, Carlos Pascual, ha escrito lo que yo he llamado una crítica brutal a la aversión al riesgo de los militares mexicanos, que se negaron a actuar sobre una información de inteligencia provista por Estados Unidos que daba las coordenadas de uno de los barones de la droga. La revelación de esos cables dejó en ridículo al generalato y enfureció a Calderón, quien declaró al Washington Post que estas filtraciones hicieron un serio daño a las relaciones bilaterales. El 19 de marzo, el embajador Pascual se vio obligado a renunciar, convirtiéndose así en la más alta víctima política de WikiLeaks en América latina.

A más de un año de distancia de estos hechos, es evidente que WikiLeaks tuvo un profundo impacto en México, tanto en los medios como en el público en general. La publicación de estos documentos fortaleció la imagen nacional e internacional de La Jornada, pero también puso en evidencia los riesgos a los que un medio independiente se expone cuando publica información que perjudica a los poderosos. Especialmente el aislamiento; apenas un puñado de otros medios reprodujeron las notas. La ausencia de una caja de resonancia periodístico limitó la concientización de la ciudadanía y el debate que debería haberse producido sobre el creciente rol de Estados Unidos en nuestros asuntos soberanos.

Aún así, los cables revelan que México no es sólo un país controlado, sino también un país rendido. Los cables enviados por los diplomáticos pertrechados en el imponente edificio de Paseo de la Reforma 305 son una clara demostración del grado de subordinación del estado mexicano, que ha resignado su poder soberano de decisión. Esto ha dado lugar también a un país polarizado, un país que se halla a las puertas de una crisis sin salida previsible.

WikiLeaks nos ha permitido entender un poco mejor la eternamente asimétrica relación entre México y Estados Unidos. Más aún, nos ha permitido entender que los mexicanos–y tal vez todos los Latinoamericanos—necesitamos nuevas herramientas para lograr un diálogo más digno y equitativo con Estados Unidos.

Traducción al español de Claudio Iván Remeseira