Ciudad de Mexico—Las protestas en curso contra las reformas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral, o INE por sus siglas en español, deben entenderse dentro del contexto de la disminución de la influencia de la oposición.
Durante el período neoliberal de México, el gobierno estuvo totalmente a disposición de la clase dominante del país. Con la elección de López Obrador en 2018, eso cambió. Quedó en el pasado el periodo en que una pequeña élite podía contar con su control de todas las palancas del estado para enriquecerse.
AMLO, como suele llamarse al presidente mexicano, y su partido MORENA no solo ganaron la presidencia con una victoria aplastante. También obtuvieron la mayoría en el Congreso y aseguraron un poder político formidable, marcando el primer gobierno de izquierda en la historia moderna del país. Desde 2018, MORENA ha ampliado su alcance territorial, ganando 12 gobernaturas para controlar un total de 20 de los 32 estados del país.
La oposición política de México—compuesta principalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), que gobernaron alternativamente el país durante más de 100 años—aparentemente ha sido incapaz de articular una respuesta coherente a esta nueva realidad política. Frente a un electorado que continúa mostrando un fuerte apoyo a AMLO y su partido, la oposición y las fuerzas de clase detrás de ellos se han refugiado dentro de sus bastiones dentro del Estado mexicano.
Incapaz de ganarse el apoyo de la población, la oposición busca afirmar su poder e influencia a través de otros medios, a saber, el Instituto Nacional Electoral, una de las llamadas instituciones autónomas del país.
López Obrador tiene buenos motivos para intentar disciplinar al INE. En su iteración anterior, el IFE, la autoridad electoral de México, permitió que Felipe Calderón, el candidato del PAN, usurpara la presidencia en una elección de 2006 que fue vista como fraudulenta por la sociedad mexicana. A pesar de la fuerte evidencia de manipulación de votos y semanas de protestas de los partidarios de AMLO que afirmaban que había ganado, las instituciones del país permitieron que se consumara el fraude.
No obstante, en los primeros años de la presidencia de AMLO, no buscó reformar el organismo. Fue hasta 2021—cuando el INE canceló la inscripción de dos de los candidatos a gobernadores de MORENA—que el presidente dirigió su atención hacia la organización. A Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón Orozco en Michoacán se les negó la capacidad de representar a su partido por violaciones relativamente menores de la ley electoral. Dentro de MORENA, la decisión fue ampliamente vista como políticamente motivada, diseñada para afectar las posibilidades del partido. La decisión del INE fue vista por los partidarios del presidente como desproporcionada, especialmente a la luz de la tibia respuesta del INE a los actos ilegales generalizados durante la victoria del PRI en el Estado de México en 2017.
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El presidente mexicano y figuras clave de su partido respondieron a este desaire percibido intensificando sus críticas al INE, y en particular a Lorenzo Córdova, el consejero presidente del instituto. Uno de los pilares del gobierno de AMLO ha sido lo que él denomina “austeridad republicana” y en la campaña electoral repetía a menudo la consigna: “No se puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”.
La autoridad electoral de México se encuentra entre las más caras de la región. Los miembros del consejo de gobierno ganan sueldos fabulosos—un promedio equivalente $14,500 dólares al mes, cuando la mayoría de los trabajadores mexicanos ganan entre US$200 y 400 al mes—con atractivos beneficios. AMLO ha comenzado a llamarlo una burocracia dorada, con Córdova ganando el doble del salario del presidente del país. La propuesta original pedía una reforma constitucional que hubiera cambiado muchos aspectos fundamentales del organismo. Sin embargo, MORENA no pudo obtener la mayoría calificada requerida para aprobar la enmienda constitucional en el Congreso. A la luz de ese revés, el presidente y su partido procedieron a una reforma que solo requeriría una mayoría simple para ser aprobada, lo que se ha denominado el “Plan B”. Esta segunda propuesta, que en gran parte se enfoca en la reducción del gasto a través de recortes de personal y cierta reorganización, fue aprobada rápidamente en ambas cámaras del Congreso a principios de este año. Contrariamente al escenario pesimista pintado por la oposición y parte de la prensa internacional, nada en la reforma socavaría las elecciones en el país o la autonomía del INE.
La llamada “defensa del INE” se ha convertido en el grito de guerra de la oposición y sus organizaciones astroturfs de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X. González y Alternativas por México de Gustavo de Hoyos, dos figuras que se beneficiaron mucho de su cercanía con los representantes políticos del país durante el Ancien Régime (Antiguo Régimen) de México y ahora se encuentran afuera mirando hacia adentro.
Luego de la presentación de la reforma constitucional, la oposición movilizó una marcha considerable en la Ciudad de México el 13 de noviembre de 2022. Los organizadores de la marcha trabajaron para presentar su evento como un asunto no partidista, y solo un orador se dirigió a la multitud, el expresidente del IFE, José Woldenberg. En respuesta, López Obrador convocó a su propia manifestación en la capital del país.
Si la oposición se sentía animada después de realizar un mitin exitoso, la manifestación progubernamental poco después seguramente les deprimió el ánimo. Se calcula que 1 millón de personas respondieron al llamado para mostrar su apoyo al presidente. Esperaron a lo largo de la avenida Reforma de la Ciudad de México bajo el sol abrasador durante horas solo para echar un vistazo rápido al presidente que recorrió toda la ruta antes de dirigirse a la multitud reunida en el Zócalo de la ciudad.
La oposición realizó este domingo en la misma plaza pública un segundo mitin para rechazar el “Plan B” del presidente. Esta vez se unieron bajo la sombra de la reciente condena por conspiración para el narcotráfico de Genaro García Luna, figura clave en ambos gobiernos del PAN (2000-2012). El domingo, los manifestantes literalmente se reunieron bajo una pancarta gigante con la cara de García Luna y el logo del PAN que probablemente fue colocada allí por los partidarios de MORENA antes de la manifestación.
La dirección del PAN ha tratado de distanciarse de él, pero al haber servido como secretario de seguridad pública durante el mandato de Calderón, que se definió por una estrategia de seguridad que vio aumentar dramáticamente los delitos violentos, es poco probable que el público crea que los altos funcionarios no sabían sobre los crímenes de García Luna. Una encuesta reciente encontró que el 84 por ciento del país quiere que se investigue al propio Calderón por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Los organizadores también se preocuparon menos por parecer imparciales en esta ocasión, con figuras como Beatriz Pagés del PRI subiendo al escenario y dando un discurso muy partidista. Pero a pesar de llenar con éxito el centro de la ciudad, es poco probable que la oposición pueda traducir su movilización en torno a la “defensa del INE” en victorias electorales.
Poniendo la etiqueta de amenaza al líder de izquierda para el país y su democracia es una estrategia clásica en América Latina. La rápida aprobación del “Plan B” abre la posibilidad que se le acuse a MORENA de que las futuras votaciones no serán “libres y justas” o que los resultados serán “poco confiables”. En el peor de los casos, las denuncias de fraude podrían conducir a la aplicación de sanciones por parte de Washington, como lo ha hecho en otras partes del hemisferio, especialmente con encuestas que indican que el candidato de MORENA ganará las próximas elecciones en 2024.
En su conferencia de prensa matutina habitual del lunes, AMLO hizo todo lo posible para vincular la manifestación del domingo con líderes empresariales y políticos del pasado político reciente del país, alegando que eran parte de lo que llamó un “narcoestado” que estaba lleno de corrupción. AMLO y sus seguidores consideran que la verdadera amenaza a la democracia del país la representan la oposición y las fuerzas de la clase dominante que los respaldan. A medida que avanza la transformación política del país, las fuerzas políticas que representan a la mayoría de la clase trabajadora de México deben continuar expulsando a las élites políticas económicas del país de los reductos en los que se han refugiado para avanzar hacia una democracia más auténtica, donde las instituciones del país reflejen la mayoría y sus prioridades.
